Oikos red ambiental es una Organización No Gubernamental dedicada a la gestión, investigación y consultoría, bajo los principios de acceso a la participación ciudadana, justicia ambiental y acceso a la información, con sede en Mendoza, Argentina.

Fundada en el año 2000, reconoce más de veinte años de experiencia y se encuentra conformada por profesionales de diversas disciplinas, referentes en cambio climático, ciencias ambientales, derecho ambiental y gestión ambiental, entre otras disciplinas. Su objetivo es proteger y preservar el medio ambiente.

Esta Asociación Civil se dedica a la defensa del ambiente a través de estrategias como el monitoreo de políticas públicas, el acceso a la justicia y la información ambiental. Propende a que los ciudadanos se comprometan en la temática ambiental y al mismo tiempo de sensibilizarse, se movilicen en defensa de sus derechos. La premisa que un ambiente sano es la base del ejercicio de otros derechos como el de la salud y a la calidad de vida, son postulados de Oikos que se traducen en su trabajo, desde la perspectiva de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos.

A su vez, Oikos es una institución dedicada a cultivar valores como la reciprocidad y la solidaridad, ya que ayuda a otras instituciones, recaudando fondos para que Ong’s dedicadas a la salud infantil, bienestar animal y otras actividades, puedan desarrollar sus actividades de manera integral. A Oikos concurren personas de distintas edades, credos, e ideologías políticas, todas coadyuvan para trabajar en la defensa del ambiente. Sin embargo, Oikos resguarda para sí la potestad de continuar siendo una organización que no profesa credo, ni orienta sus acciones hacia un partido político en particular y si bien las acciones que promueve son de carácter político, pues expresan su gestión, lo son en defensa de derechos colectivos.

Es fundamental para esta organización, proteger la calidad de vida de los ciudadanos. Se vela para que el Estado cumpla su rol regulador y haga cumplir las leyes de protección ambiental, que los empresarios mejoren su producción bajo los principios de la sustentabilidad y que la ciudadanía esté informada acerca de los temas ambientales que los afectan y posea espacios para la participación. También pugna por llevar las necesidades de los ciudadanos a la agenda pública y a la mesa de negociación de quienes toman decisiones. Por ello se impulsan recomendaciones a decisores de gobierno. Es sumamente importante que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad de acceso a servicios y bienes ambientales, y que las decisiones de otros grupos de poder (gobernantes, empresarios, etc.) no impacten en forma desproporcionada en los distintos sectores de la comunidad mendocina, lo que básicamente demarca el principio de justicia ambiental.

Como antecedentes que dan cuenta de nuestra experiencia en la materia ambiental, Oikos ha participado del “Programa Defensoría Ciudadana del Ambiente (DCA)” conjuntamente con la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras en el cual se brindó asesoramiento a personas afectadas por problemas ambientales, observando el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad ambiental y defendiendo los derechos ambientales de los ciudadanos de la provincia de Mendoza

Asimismo, fuimos impulsores y partícipes del Programa Observatorio Regional de Conflictos Ambientales; Programa Defensoría del Agua y los Derechos Humanos; Proyecto Mapa de Pasivos Ambientales Petroleros, proyecto de Manejo Participativo del Cordón del Plata y Proyecto de creación del Ecoparque Mendoza.

Además, contamos con antecedentes específicos de defensa del medio ambiente en el marco de actividades hidrocarburíferas en instancias judiciales, siendo los casos de mayor trascendencia e importancia la sustanciada en los autos N° 128769 ASOCIACIÓN OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE, MENDOZA S/ ACCIÓN DE AMPARO, iniciado en el marco de explotación petrolera dentro del área natural protegida Laguna de Llancanelo, causa que fue dirimida en favor de OIKOS por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, su máximo tribunal.

Asimismo, en el expediente judicial Nº 13-04321414-9 “OIKOS RED AMBIENTAL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD”, OIKOS ha cuestionado la legalidad del Decreto Nº 248/2018 por el Gobierno de la Provincia, que reglamenta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales (fracking), y, en los autos N° 13-04376882-9 “OIKOS RED AMBIENTAL C/ DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN P/ ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD”, nuestra organización observa la Resolución Nº 249/2018 del Departamento General de Irrigación de la Provincia, que reglamenta el uso y protección del agua para fractura hidráulica. Estas últimas causas aún no cuentan con sentencia definitiva.

En este sentido, resaltamos que OIKOS viene observando la reglamentación gubernamental local del fracking no sólo en el proceso administrativo previo al dictado del Decreto 248/2018, sino con mayor intensidad una vez publicado el mencionado decreto en el boletín oficial. En este sentido, se interpuso la acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, previamente individualizada, en contra de este decreto que establece que el fracking es de muy bajo o escaso impacto ambiental, ante la sala 1º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fundamentando nuestro pedido en la violación del principio de progresividad, en cuanto la reglamentación implica un retroceso en materia ambiental, reglamentación cuyo fin encubierto es evitar la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, más aun teniendo en cuenta que el principal bien común a utilizar para realizar las operaciones de hidrofractura, es el agua de los mendocinos, recurso sumamente escaso en nuestra árida región. Asimismo, la reglamentación no hace alusión a los trazadores radioactivos, al destino final de las aguas de flowback, no hay pautas para cuidar el recurso hídrico utilizado, ni su tratamiento. Hemos denunciado su inconstitucionalidad e inconvencionalidad en atención al retroceso que implica esta normativa en la calidad y seguridad del marco jurídico, siendo esto violatorio de la Constitución Provincial y Nacional.

Por su parte la acción de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad la Resolución 249 del Departamento General de Irrigación, que tramita ante la sala 2º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, se impugna en primer lugar, porque reglamenta el Decreto 248 en el aspecto referente al uso del escaso recurso hídrico provincial, sobre el cual se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad por violar la Constitución Provincial en su art. 99, la Ley 4035 y 4036, la violación de la propia Ley de Aguas, la Ley 8999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, así como la Ley General de Ambiente, entre otras, destacando que se viola el orden de prioridades para el uso del agua, estableciendo un canon por utilizar el agua y contaminarla, sin internalizar el costo de contaminación al agente contaminador y, por último, que establece un mecanismo para utilizar otras fuentes de provisión de agua sin establecer parámetros claros y por supuesto sin ningún procedimiento de participación ciudadana.